Juan tiene 23 años, es padre soltero de dos hijos y trabaja desde hace tres años sin contrato alguno en una fábrica de prendas textiles de Gamarra. No tiene EsSalud, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones ni gratificaciones. Ha terminado secundaria pero no puede cursar estudios técnicos o superiores porque debe trabajar 12 horas al día para no perder su puesto. Su sueldo mensual es de 1,315 soles. 

Su caso es uno entre miles a nivel nacional. El gobierno alista una “reforma laboral” para combatir la informalidad, ampliar la cobertura médica y pensionaria de los trabajadores y simplificar los regímenes laborales. Pero expertos enderecho laboral y dirigentes sindicales entrevistados por esta revista consideran que el programa del Ejecutivo no soluciona los problemas de fondo de la precariedad laboral en nuestro país ni atiende las observaciones de los organismos internacionales relacionados a legislación laboral.

La tasa de informalidad en jóvenes de entre 18 y 24 años es de 54,4% en el Perú, según estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios. Sólo el 2,5% tiene contrato fijo, mientras que el 1,2% registra contrato por locación de servicios.

Para reducir estos índices, el Ministerio de Trabajo plantea la contratación formal de jóvenes de entre 18 a 29 años a través de un subsidio del pago de la cobertura de EsSalud durante los tres primeros años de empleo. Es decir, el Estado –y ya no las empresas– financiaría la cobertura de EsSalud a jóvenes, personas que consigan su primer trabajo o a aquellos que vienen de los bolsones informales. Para mantener el subsidio, los empleadores deberán acreditar cada año que han incrementado su planilla y remuneraciones a sus trabajadores. 

De acuerdo a estimados del Ministerio de Trabajo, el “programa de empleo juvenil” tendrá un costo de 60 millones de soles este año. 

La medida no sería suficiente. “El Estado es el primer deudor de EsSalud. Entonces, ¿cómo hará el gobierno? Veo propuestas bien intencionadas, pero irrelevantes frente a los temas de fondo”, manifiesta el abogado laboralista Javier Mujica. 

“La reducción de la informalidad es algo que no se puede discutir. La única medida concreta que plantea el gobierno sobre este punto es esta ley de contratación juvenil. Si esta medida es acompañada de una salvaguardia, que garantice que no fracasará en el tiempo, me parece que puede funcionar”, opina el abogado Eduardo García. 

La reforma contempla, también, reducir el grueso de regímenes laborales existentes a tres: uno general, otro para la micro y pequeña empresa y un tercero relacionado a la promoción de determinadas actividades como las de exportación. 

“Los regímenes no necesitan simplificarse sino abolirse. En los regímenes de exportaciones textiles, de agroindustria, minería, micro y pequeña empresa y demás los trabajadores tienen menos derechos laborales. En los países civilizados se crean regímenes especiales para proporcionar a los empleados de mejores condiciones. Aquí es al revés. Los trabajadores con derechos son cada vez la minoría. Simplificar puede entenderse, entonces, como hacer un solo gran régimen con el estándar más bajo. Es decir, mayor fragilidad laboral, más abuso en los contratos, menos beneficios y derechos, cada vez menos capacidad de negociación colectiva. Eso quieren los empresarios. Es bajar un escalón más en la degradación de los derechos laborales”, afirma Javier Mujica. 

El experto añade que la reforma “es más de lo mismo porque mientras no se contemple corregir el abuso de los contratos temporales, la tercerización de los servicios y la precaria situación de los sindicatos, me temo que todo seguirá igual como hasta hoy”. En marzo del 2016, en el tramo final del gobierno de Ollanta Humala, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos emitió algunas recomendaciones respecto al cumplimiento de leyes laborales y libertad sindical en el sector exportador peruano. 

Nueve meses después, en diciembre del año pasado, el gobierno norteamericano emitió un segundo informe en el que aseguraba que el Perú cumplió sólo en parte algunas de las observaciones del Departamento de Trabajo de EE.UU. Las recomendaciones más importantes que han sido dejadas de lado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski son poner coto al uso de trabajo de corta duración, estandarizar los protocolos que permitan fiscalizar las contrataciones temporales, el aumento y dotación de recursos de los Juzgados Especializados de Trabajo, y apoyar desde el Estado el trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). 

Eric Gottwald, director del Foro Internacional de los Derechos Laborales de Estados Unidos, informó que el gobierno norteamericano ha fijado como plazo hasta junio de este año para que el gobierno de PPK tome acciones o, de lo contrario, corre el riesgo de que la controversia se formalice en perjuicio del Estado. 

“Es una paradoja. Mientras el gobierno piensa en implementar una reforma laboral, hace caso omiso a las recomendaciones de la Secretaría de Trabajo de EE.UU. Esto significa que no hay un respeto por lo que dicen los organismos internacionales, ya sea de Estados Unidos o de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Los temas de fondo no quieren discutirse”, subraya Mujica. 

El abogado Eduardo García acota: “Una reforma sustancial debería ser acompañada de un proceso de diálogo social que no se está dando”. 

“Se necesita una propuesta consensuada con los actores sociales: los trabajadores. No hacerlo significa no abordar la complejidad del problema. No veo una propuesta sólida que aborde los diversos problemas del trabajo en el Perú”, coincide el abogado especialista en derecho laboral y seguridad social Christian Sánchez Reyes. 

Hace dos semanas, los representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dieron un portazo al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, en rechazo a la reforma que plantea el gobierno. 

Julio César Bazán, presidente de la CUT, explicó a esta revista: “Nosotros optamos por retirarnos de las conversaciones con el Ejecutivo porque el ministro Grados ha pateado el tablero del diálogo social. Nos estaba embaucando en un proceso autoritario, unilateral, sin el menor respeto por los dirigentes laborales que participábamos en este debate buscando proteger a los trabajadores”. 

Según Bazán, el Ministerio de Trabajo se negó a debatir aspectos fundamentales como la proliferación de las contrataciones temporales. “Hoy por hoy, la temporalidad se ha desnaturalizado completamente. Los empresarios se han inclinado cada vez más por este mecanismo, a pesar de que los trabajadores se desempeñan en puestos de naturaleza permanente. Sin embargo, al gobierno no le interesa cambiar esto”, afirma Bazán, quien subraya que frente a la precariedad contractual del trabajador el gobierno de Kuczynski facilitaría los ceses colectivos a los empresarios. “Y eso no podemos tolerarlo”, dice el sindicalista. 

“Nosotros firmamos un compromiso con PPK en campaña. El presidente se comprometió a no hacer ninguna reforma con carácter antilaboral o que se restringieran los derechos laborales. Se comprometió amejorar las condiciones de los trabajadores en el sector público, amejorar la ley Servir, a abolir el abuso de la temporalidad en los contratos. Nada de eso se está cumpliendo”, apuntala el dirigente de la CGTP Juan José Gorriti. 

El secretario de organización de la CGTP, Moisés Vega, se lamenta: “Hay un retroceso en todo. El gobierno quiere meter mano hasta en el arbitraje potestativo, que era el último recurso legal de un trabajador en caso de un despido arbitrario. Eso es un abuso”. Hasta ahora, cuando un empleado era despedido arbitrariamente podía recurrir a un árbitro que evaluara su situación y emitiera un informe. Si el cambio propuesto por el Ejecutivo se materializa, la empresa también tendría derecho a contar con su propio árbitro y, en caso de discrepancias, se recurriría a un tercer árbitro nombrado por el Ministerio de Trabajo para que dirima. Los sindicatos insisten en que, de concretarse la reforma, el empleado tendrá todas las de perder frente al patrón. 

“Es una reforma que no es tal. Pura forma, pero el fondo es lo mismo de hace 25 años. Es un mero engaño a los trabajadores”, declaró a esta revista Julio César Bazán, presidente de la CUT. 

Los abogados laboralistas señalan que la reforma no contempla abolir algunos de los esquemas implementados durante el gobierno de Alberto Fujimori, arquitecto de las políticas neoliberales que dinamitaron los derechos laborales en el Perú. 

Según un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 1991 se instituyó en Perú una política de “flexibilización laboral”. Fujimori justificó la medida argumentando que las leyes laborales constituían “rigideces” que debían ser eliminadas para crear empleo formal. El propósito real fue debilitar los sindicatos y limitar la negociación colectiva. La reforma laboral de Fujimori fue la génesis del abuso de la contratación temporal, de las jornadas extensas de trabajo sin reconocimiento económico de las horas extras y de la facilitación del despido. Todo ello en paralelo con la criminalización de los líderes gremiales y sindicatos que, incapaces de actualizar sus discursos, están casi desaparecidos de la escena social. 

La reforma de Fujimori no trajo ninguna de las mejoras prometidas. Según la Cepal, cuando se dictó la “Ley de Fomento del Empleo” fujimorista, la tasa de desempleo era de 5,9% (1991) y en los años siguientes se incrementó a 9,4% (1992), 9,9% (1993), 8,8% (1994), 8,2% (1995) y 7,2% (1995). Incluso alentó la informalidad laboral. En 1991 el trabajo informal era del 52,7%, en 1995 fue del 55,1% y en el 2000 del 59,2%. Hoy ronda el 70%, según el ministro Grados. 

La elevada tasa de informalidad laboral actual repercute en los escasos niveles de cobertura de salud y de pensiones. Juan José Gorriti concluye: “Si este gobierno insiste en mantener las políticas diseñadas por Fujimori, significa que los empleados seguirán sumidos en la precariedad”. 

El ministro Alfonso Grados fue vicepresidente de operaciones de Interbank y vicepresidente corporativo de RR.HH. en Backus. Es hijo del periodista Alfonso Grados Bertorini, quien fue ministro de Trabajo durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry. 

Juan José Gorriti recuerda que Grados Bertorini siempre buscó un diálogo franco con los sindicatos y lamenta que su hijo no siga ese legado. La CGTP ha convocado a sesión extraordinaria para evaluar una huelga nacional en protesta contra este gobierno.